*.-El notario no reconoce su firma en varios documentos del
cambio accionarial en la empresa que compró la bodega al candidato, que
denuncia un “uso faccioso” de las instituciones del Estado
Por Javier Lafuente.-La venta de una nave industrial en 2016 se está convirtiendo
en un quebradero de cabeza para el candidato presidencial mexicano Ricardo
Anaya. Las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compró,
después de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo
a través de un esquema de lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía
mexicana, no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de
pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de
él. Las críticas por supuesta corrupción, no obstante, golpean desde hace
semanas al candidato de Por México al Frente, que denuncia un ataque orquestado
por el presidente, Enrique Peña Nieto, para perjudicarle y un “uso faccioso” de
las instituciones.
Una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer
un inusual movimiento accionarial en la empresa que compró la nave. El notario
que supuestamente autorizó el cambio accionarial en la compañía, un político de
un partido aliado histórico del PRI, aseguró la pasada semana ante la PGR que
no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por
falsificación.
Anaya Frente
Ricardo Anaya, el domingo después de su registro como
candidato. Mario Guzmán EFE
Ricardo Anaya se la
juega en un todo o nada contra Peña Nieto
El PRI lleva a la
OEA su ofensiva contra Anaya
Anaya carga contra
Peña Nieto en su registro como candidato presidencial
La Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación a
finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular,
Raúl Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional. Fuentes
oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron
desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las
primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. El titular de
Hacienda era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La investigación de la Fiscalía incluye a los abogados David
Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la
figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su
participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados. Galindo y
Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red,
comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR. En sus
declaraciones, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS junto a
decenas de documentos relacionados con la investigación, ambos detallaron el
esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a
Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo
Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el
suegro del candidato.
Tanto Galindo como Rodríguez señalan que fueron contratados
por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya. Según la
declaración de Galindo, Barreiro les indicó que no quería que se le relacionase
con el candidato, por lo que requería de sus servicios “con la finalidad de que
perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y
corporativa que deberíamos diseñar”. Por su parte, Daniel Rodríguez, apuntó:
“El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como
su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni
Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio
del inmueble”. De esta forma, prosigue, se lograría “hacerle llegar los
recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto,
seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo
Anaya, desde hace muchos años”.
Anaya rechaza las acusaciones
Anaya asegura que no tiene nada que ver con el esquema de
lavado de dinero. En su defensa, el candidato presidencial recalca que en el
contrato de venta de la nave existe una cláusula, la número 20 por la que
Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es
de origen lícito: “Los recursos económicos que serán utilizados en la presente
operación de compraventa, tienen una naturaleza lícita y no contravienen bajo ningún
concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia ilícita y
demás regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas,
comprometiéndose en sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de
cualquier infracción de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativo a
la procedencia de recursos y lavado de dinero”, asegura la cláusula.
Sobre su relación con Barreiro, el candidato presidencial
admite que lo conoce porque “era el directivo más alto del parque industrial
[donde se encuentra la nave] y porque está casado con la hermana de un amigo
muy cercano desde la Secundaria, Álvaro Ugalde”. “Lo ubico bien, pero mi
relación no es tan directa, más bien es con Álvaro. Como empresario es alguien
muy conocido en Querétaro”, asegura a este diario Anaya, quien rechaza
considerar amigo a Barreiro. “A los amigos se les frecuenta. Por lo menos en el
último año no recuerdo haberlo visto”, asegura.
Anaya ha pedido a la PGR que aclare si le están
investigando. No obstante, ante el incremento de las acusaciones contra él, el
candidato decidió explicar en un vídeo, del pasado 21 de febrero, su versión de
los hechos. En él señalaba que había vendido la bodega a Manhattan Master Plan
y especifica que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes.
“Cuando me dicen quién va a comprar y que es una empresa de Juan Carlos, me
pareció la cosa más normal. Lo conozco, conozco a su suegro, a su esposa, es un
arquitecto muy conocido. No somos amigos porque no somos de la misma generación
ni del mismo grupo, pero es una persona a la que conozco bastante bien”, añade
Anaya a este periódico. El candidato explica que estaba al tanto de la
operación, pero que nunca tuvo trato personal con Reyes durante la venta. La
operación de venta la llevó su suegro.
La vinculación de Reyes con Manhattan Master Plan es parte
de la investigación que adelanta la PGR. La empresa se constituyó en julio de
2016 expresamente para esta operación, según el relato de los abogados que
colaboran con la justicia a cambio de beneficios. El pasado 16 de febrero, el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) declaró como “empresa fantasma
definitiva” a la compañía. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto
López y María Amada Ramírez Vega. Según Daniel Rodríguez, se trataba de hombres
de confianza de Barreiro, que ejercían de prestanombres. López, de hecho,
trabajaba como chófer del empresario queretano.
Al considerar que no eran las personas indicadas para
realizar esta operación, Rodríguez sugirió a Barreiro un cambio de dueños “para
poner a alguien que tuviera congruencia”. Este propuso el nombre de Juan Carlos
Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias empresas. El cambio
societario se realizó de forma retroactiva. En su declaración ante la PGR,
Daniel Rodríguez explica que elaboró “un acta de asamblea que tenía que ser con
fecha anterior a la compra, que se materializó el 25 de agosto de 2016, por lo
que la señalé con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes
compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que así diera
la impresión de que él era el dueño desde antes de la compraventa”. Además,
Rodríguez señala que elaboró un convenio de negocios, también con fecha
anterior, en la cual se autorizaba a Luis Alberto López a celebrar la
compraventa “para así darle sentido del por qué habría sido este el que había
hecho tales actos cuando supuestamente ya era dueño Juan Carlos Reyes”.
Dos personas denuncian falsificación de documentos
El operador de la red explicó en su declaración que pidió
copias certificadas en una notaría de Zapopan, ciudad próxima a Guadalajara
(Jalisco), con la que solían trabajar. Salvador Cosío, el notario que
supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada semana ante la PGR haberlo
hecho. En su declaración Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan
Master Plan que solicitó el procedimiento ni al abogado al que los operadores
recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel Rodríguez,
trabajaba en esa notaría. “No se trata de mi firma”, afirma Cosío, quien
también señala que los documentos no contienen algunas características que
acostumbra a tener su forma de proceder.
Después de no reconocer su firma en tres documentos, Cosío
formuló una querella por falsificación de los mismos. Pese a que su nombre ya
había aparecido en una información de El Universal del pasado septiembre, el
notario, hijo de un gobernador priista y que actualmente aspira a la
gubernatura de Jalisco por el Partido Verde –aunque en este Estado no van en
alianza, es un aliado histórico del PRI-, aseguró a este periódico que se había
enterado de la anomalía recientemente.
Cosío no es el único en poner en duda el traspaso de
poderes. También la semana pasada, Humberto Hernández, esposo de María Amada
Ramírez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha
ejercido como contador de Barreiro, aseguró ante la PGR que nunca tuvieron
constancia de la existencia de la compañía. Hernández declaró que se habían
enterado por los medios de comunicación, por lo que asegura que todos los
documentos con la firma de su mujer “son falsos”. Lo mismo ocurre, según su
declaración ante la Fiscalía, con los de Juan Carlos Reyes. Este periódico
trató de contactar en vano con Juan Carlos Reyes. Posteriormente, lo hizo con
sus abogados –el mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro-,
pero prefirieron no posicionarse sobre el caso.
Anaya admite que sabía del cambio accionarial, pero no las
supuestas deficiencias: “Un cambio de acciones cualquiera lo habría podido
saber porque si revisas el acta constitutiva original aparecen otros dos
socios. Que yo me detuve en esa particularidad en aquel entonces, por supuesto
que no, como no lo haría ninguna persona”, añade. El candidato presidencial
asegura, no obstante, que desconocía las supuestas anomalías en el cambio
accionarial y que, en cualquier caso, él “no tendría ninguna
responsabilidad".
El candidato de Por México al Frente, que aparece en segundo
lugar en la mayoría de las encuestas –por detrás de Andrés Manuel López Obrador
y por delante del candidato del PRI, José Antonio Meade- insiste en que no
tiene “nada que esconder”. Anaya considera que todas las acusaciones sobre
corrupción que se han lanzado en las últimas semanas sobre él en relación a la
venta de la nave industrial son parte de una guerra sucia del Gobierno para
tratar de torpedear el avance de su candidatura. “Lo que es clarísimo es el uso
faccioso de las instituciones, por eso le insisto al presidente de la República
que saque las manos del proceso electoral”, asegura Anaya.
https://elpais.com/internacional/2018/03/13/mexico/1520964989_809148.html
