Un grupo de policías, presuntos integrantes de una banda de traficantes de droga en el aeropuerto, al ser sorprendidos por otros policías, los asesinan por la espalda. Esto sucede en un espacio público dentro del principal aeropuerto de México, el del Distrito Federal.

Los hechos inundan los espacios informativos durante todo el día. A lo largo de la mañana corren diferentes historias de fuentes “cercanas” a la Secretaría de Seguridad Pública, al aeropuerto, al gobierno federal. El vocero de la secretaría enreda más las cosas. El vacío se llena de rumores y versiones no confirmadas.

Doce horas más tarde, sí, doce horas es lo que necesitan para escribir un párrafo, la Secretaría de Seguridad Pública hace público un boletín de prensa que dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Una unidad de investigación de la Policía Federal implementó la mañana de este lunes 25 de junio un operativo para la captura en flagrancia de dos elementos de la Policía Federal, sujetos a investigación, adscritos al AICM vinculados con las actividades de la red de tráfico de droga.

“Los dos elementos investigados, al verse descubiertos por la Unidad de Investigación de la Policía Federal, realizaron disparos para evitar su captura, con lo que privaron de la vida a tres elementos federales”.

Eso nos puede decir la secretaría 12 horas después de que han sido asesinados tres de sus elementos.

Es un lunes.

Para el miércoles en la noche han pasado 72 horas desde que un grupo de policías federales ha asesinado a otros policías federales.

Nos hemos acostumbrado a muchos horrores en el país, los descuartizados y los colgados, los videos y los mensajes. Vale la pena hacer una pausa y volver a pensar lo que sucedió el lunes.

La Policía Federal es la institución que esta administración ha presumido como un modelo en materia de seguridad. Se le han invertido millones, dicen que se ha hecho un esfuerzo de reclutamientos inédito en universidades.Dicen que ganan más de los que jamás han ganado policías en el país. He recorrido como periodista algunas de sus instalaciones: impresionantes, dotadas de lo más avanzado en tecnología. Cuando se habla de mando único, de policía nacional, es de este modelo de policía en el que se está pensando.

Y es esta la policía en la que agentes destacados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han estado corrompiendo por meses —según el propio boletín de la SSPF— y, cuando son atrapados, matan a sus compañeros.

Compañeros, por cierto, que llevan meses investigando a sus compañeros.

Sigamos.

El jueves, por fin, Luis Cárdenas Palomino, de la Policía Federal, apareció frente a los medios para dar una conferencia de prensa (¿dónde está el secretario? ¿El asesinato de tres de sus elementos a manos de traidores no es suficiente para que él de las explicaciones?).

De manera minuciosa explica los antecedentes y lo que hasta ese momento han logrado reconstruir de lo sucedido el lunes. Muestra algunos videos, ofrece una recompensa, insinúa que hay más servidores públicos —tal vez de Migración o de Aduanas— involucrados en la red de narcotráfico.

Y casi al final dice lo siguiente:

“Las cámaras de videovigilancia que debían registrar lo que estaba sucediendo fueron orientadas hacia otro lugar cuando la referencia pública de los testigos fue que de manera abierta todos observaban hacia dónde se suscitaba el incidente y que todas fijan su atención al lugar de los hechos, el sistema de videovigilancia se dirigía hacia otro lado…”

Unas horas más tarde, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes circula un boletín de prensa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde refuta a Cárdenas Palomino y dice sobre la cámara que según Cárdenas apuntó deliberadamente hacia otro lado:

“2. Es importante precisar que la operación de esta cámara en particular está en forma predeterminada, es decir, que siempre está orientada al monitoreo en el mismo sitio sin que se aprecie ningún cambio en el patrón de monitoreo, situación que es del conocimiento de los peritos en informática de la Procuraduría General de la República”.

Recuerdo al lector, por si se confunde, que tanto la Secretaría de Comunicaciones como la de Seguridad Pública pertenecen al mismo gobierno. Y que la conclusión de la cámara que apunta adonde no debe, fue dada a conocer 72 horas después del suceso. Es decir, hubo tiempo para que se hablaran. Todos los secretarios de Estado tienen en su escritorio un teléfono rojo para hablarse entre ellos. Yo los he visto.

En fin. Todo esto cinco años y medio después de haber hecho de la lucha contra el crimen organizado la prioridad del sexenio.

Todo esto cuando tres servidores públicos fueron cobardemente asesinados por uniformados sirviendo a narcotraficantes.

Twitter: @puigcarlos