El gobierno del conservador Mariano Rajoy, que asumió el poder en diciembre pasado, aprobó sus primeros presupuestos generales en abril. Fue entonces cuando se conocieron al detalle los anunciados recortes, que afectan a todas las áreas de la administración pública, desde la sanidad y la educación hasta la inversión en infraestructura y cultura, entre otros. Uno de los sectores más dañados por el tijeretazo gubernamental fue el de la minería, que sufrió una reducción de 64 por ciento de su presupuesto, lo que –en palabras de los propios representantes de los mineros– supone una amenaza real para fulminar definitivamente un sector que emplea a 29 mil 500 personas y el modus vivendi de numerosos pueblos de la cuenca minera de Asturias, Aragón y León.

Ante el rechazo del gobierno para iniciar un diálogo que pusiera sobre la mesa una alternativa presupuestaria al recorte, los mineros decidieron, hace 20 días, iniciar un paro general e indefinido que coincidió con una serie de actos de protesta en las calles y carreteras de la región. Desde entonces la tensión y el enfrentamiento han ido creciendo, al vivirse situaciones de una guerra de guerrillas; con los mineros atacando con cohetes pirotécnicos a la policía, mientras ésta responde con sus armas habituales: pelotas de goma, gases lacrimógenos y golpes con macana.

Mientras gritan consignas del tipo Más minería menos policía, El próximo parado que sea diputado, Mineros del carbón queremos solución o Esto pasa por un gobierno facha, más de 300 mineros protagonizaron una sentada colectiva en las inmediaciones de la sede del PP en Oviedo, donde además los trabajadores se bajaron los pantalones y los colgaron de la valla instalada por la policía y pusieron debajo un letrero que decía Los recortes del PP nos han dejado en pelotas. En otros puntos de la región los mineros se defendieron con barricadas y cohetes. En algunas zonas, las más problemáticas, los enfrentamientos llegaron a durar dos horas.

Los mineros criticaron la postura del PP y de sus diputados en Madrid, que pone en riesgo una actividad histórica de la región.

Además, el encierro que iniciaron hace 25 días siete mineros leoneses en una mina a varios centenares de metros bajo tierra continuará hasta que haya respuesta del gobierno. Así lo confirmaron los propios encerrados, que explicaron que piensan llegar hasta el final para defender el trabajo que les permite llevar la comida a sus familias, al tiempo que pidieron una audiencia al rey de España, Juan Carlos de Borbón.

José Antonio Pérez, uno de los mineros encerrados, advirtió: no saldremos de este pozo sin una solución. Nací a 100 metros de la mina de Peñadrada, mi padre era minero y murió joven por la silicosis. Tengo artrosis en las manos, un dedo inútil, la espalda dañada. Pero me encanta este trabajo. No me veo haciendo otra cosa, mi vida es la mina.