El próximo 27 de febrero un juez estadunidense decidirá si el político y economista merece inmunidad ante la demanda civil que contra él pusieron nueve sobrevivientes de la matanza de Acteal. Así, Alvin W. Thompson, dedicado a litigios financieros, podría con su fallo poner por primera vez en la historia reciente a un presidente mexicano en el banquillo de los acusados.

En la mira. Enero de 2012. Foto: Nacho Gallego | EFE

El 27 de febrero es el límite para que el juez Alvin W. Thompson tome la decisión que impactará para siempre en la vida del ex presidente Ernesto Zedillo y que se convertirá en la noticia más importante del primer trimestre en México.

Antes de esa fecha, el juez Thompson, jefe de la Corte Federal en el Distrito de Connecticut, dirá si Ernesto Zedillo merece inmunidad ante la demanda civil que contra él han puesto nueve sobrevivientes de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, cuando Zedillo era presidente. Los demandantes piden 50 millones de dólares de compensación económica de parte del ex mandatario, al que acusan de haber sido responsable de aquellos sucesos.

Thompson nació hace 58 años en Baltimore, Maryland. Cursó la Universidad en Princeton y leyes en Yale. Fue designado juez en 1994 por Bill Clinton. Dice la página de la Corte que le gusta arrancar sus juicios antes de las 10 de la mañana y seguirse hasta las cuatro de la tarde. Prefiere programar cuatro días a la semana de juicio y dejar los viernes para sentencias y otros asuntos de la Corte. En juicios civiles le gusta tener jurados pequeños, entre seis y ocho jurados.

Los expertos con los que he hablado en la semana me dicen que si fuera un juicio penal no tienen duda en que el juez concedería la inmunidad. Pero esta es una demanda civil. Los chiapanecos no piden que Zedillo vaya a la cárcel. Sólo que les pague una lana. ¿Por qué eso sería asunto de seguridad nacional para Estados Unidos?

Así que el juez Thompson, que ha dedicado la mayor parte de su vida a litigios de negocios, financieros, disputas comerciales, podría con su fallo poner por primera vez en la historia reciente a un presidente mexicano en el banquillo de los acusados.

El mismo día del fallo, daría ordenes para comenzar la selección del jurado, y tan pronto como una semana después, en la suite 240 del Edificio Federal Abraham Ribicoff (ubicado en el 450 de Main Street de Hartford, en Connecticut), frente a Thompson estarán los indígenas chiapanecos, sus abogados, el ex presidente de México, sus defensores, los jurados y, seguramente, más periodistas mexicanos que los que caben en cualquiera de las salas de esas instalaciones.

Dice la página de la Corte que al juez Thompson no le encantan los discursos de apertura de las partes y que prefiere ir directo a la presentación del caso.

Ahí, los abogados que presentaron la demanda, seguramente la voz cantante la llevará Matthew Dallas Gordon por estar acreditado en el estado de Connecticut, comenzarán a exponer con testimonios, documentos, fotografías, videos y audios lo que ellos consideran es evidencia suficiente para demostrar la responsabilidad de Ernesto Zedillo en —dice la demanda— los siguientes agravios contra sus clientes:

Asesinato extrajudicial, varios intentos de asesinatos extrajudicial, varios intentos de asesinato extrajudicial causando lesiones, trato inhumano, cruel o degradante con castigo; uso del terror y la violencia para impedir la libertad de asociación; uso del terror y la violencia para impedir la libertad de pensamiento y el establecimiento de una franquicia política, y crímenes contra la humanidad.

Nos hablarán de un memorando supuestamente secreto en donde la comunidad financiera le pidió a Zedillo “mostrar valor acabando con el problema chiapaneco”.

Y, sobre todo, nos hablarán de una declaración ministerial de Emilio Chuayffet contenida en el informe de la fiscalía especial que investigó lo sucedido en Acteal. Declaración de diciembre de 2008 en la que Chuayffet confirma que él entregó en mano al presidente una carta del obispo Vera en que alertaba de la situación de Acteal y, cómo según él, Zedillo no le dijo que hiciera nada. También insistirán en que Chuayffet declaró que le avisó el día de la matanza a Zedillo qué estaba sucediendo, y el presidente no le dio ninguna indicación, porque estaba ocupado grabando su mensaje navideño a los mexicanos. Después los abogados no tendrán más que recurrir a lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la primera investigación de la procuraduría de Zedillo —mentiras, simulaciones, fabricaciones— para argumentar que todo eso fue hecho a propósito, por órdenes del ex presidente, para ocultar su verdadera responsabilidad en los hechos.

Los juicios frente a un jurado son eventos teatrales, narrativas que intentan emocionar. Así se ganan y pierden juicios. No buscan la verdad. A veces encuentran la justicia.

Imagine, pues, querido lector, a un puñado de hombres y mujeres del muy liberal, bastante blanco, Hartford en Connecticut, frente a esa narrativa. Mirando a un ex presidente y a unos indígenas. Viendo las fotos de aquellos días. Los videos. Las víctimas pidiendo, apenas, unos millones por el agravio. Mirarán a un hombre que no pudo atender una masacre porque grababa para la televisión.

Zedillo no quiere estar ahí.

Y todo está en manos del juez Alvin W. Thompson.

Twitter: @puigcarlos